Urbanización Residencial Promovida: “Una Ordenanza discriminatoria”

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Esta mañana en sesión, se aprobó un proyecto de Ordenanza presentado por la concejala Alejandra Vigo donde se establecen normas especiales para la construcción de viviendas, cuando están a cargo del Estado. Para Riutort la norma es “grave y discriminatoria”.

En esa oportunidad, la presidenta del bloque Eva Duarte expresó que: “El estado no puede tener normas de desarrollo y construcción de viviendas distintas a las que se le exigen a los privados. Es absurdo que por ser viviendas del estado, no deban cumplir las normas y exigencias de desarrollo urbano.

Pero lo más grave de esto, es que la ordenanza aprobada autoriza al estado a localizar unidades de vivienda en las zonas L y N, que son industriales. La norma vigente excluye a las zonas L porque son zonas de alta peligrosidad industrial.

Es grave, porque se quiere, desde el discurso tapar la verdadera intención de la ordenanza”.
La concejal sostuvo además que “las normas de urbanismo existentes no impiden a ningún Estado municipal, provincial o nacional realizar planes de viviendas sociales, erradicación de villas o asentamientos, o la urbanización de los mismos” y agregó que “Sólo se necesita la decisión política de hacerlas, consiguiendo financiamiento para su construcción y dinero para la compra de tierras si el estado no las tuviera, y definir un plan de cuotas accesibles según al sector social que vayan a estar dirigidas” enfatizó.

“Queda claro que esta ordenanza solo facilita lo que hoy la norma prohíbe, es decir, usar las zonas L para urbanizar cuando está expresamente prohibido por ser industrial de alta peligrosidad.
Y por otro lado, es una discriminación y una involución respecto de las normas vigentes, ya que por ser viviendas sociales realizadas por el estado, éste no deberá contar para el final de obra, necesario para la escrituración, con la obligación de tener la infraestructura de servicios terminada: Gas, cloacas, asfalto, luz, etc. que establece la ordenanza vigente para cualquier urbanización, la haga quien la haga” agregó Riutort. “Esta nueva norma, sólo dispone que el Estado debe manifestar voluntad de hacerlo. ¿y el deber del estado de garantizar a todos los vecinos los servicios y el derecho de los ciudadanos de acceder a los mismos donde está?”

“El vecino tiene derecho a conseguir una vivienda en un lugar seguro y ambientalmente sano, y los industriales tienen derechos a tener su zona, sin ser violada permanentemente la norma que le dió la radicación en ese lugar” afirmó la presidenta del bloque Eva Duarte.

Por otra parte, la concejal Olga Riutort planteó que “lo recién aprobado es absolutamente contradictorio con la modificación de la Ordenanza 8256 de reordenamiento urbano – que el Ejecutivo pretende aprobar el próximo jueves- promocionando zonas de densificación, sin hacer una revisión integral de toda la normativa urbanística que tiene que ver con la planificación de una ciudad, que se desarrolle con sustentabilidad con inteligencia e inclusión” dijo y explicó “ya que lo que primero se define el uso del suelo (industrial, rural, productivo, verde, urbano) luego, como lo fracciono (tamaños de lotes) y por último, cómo lo ocupo. Esto es lo básico para el desarrollo equilibrado de una ciudad”.
Por último la concejala expresó: “No es cierto que este proyecto sirva para el acceso a la vivienda social y al crédito. No hay un solo artículo que hable de ello, solo se dice con claridad que van a ocupar tierras de uso industrial y que no van a exigir que tengan infraestructura” finalizó.

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